Rumores y mentiras: La Ley Celaá

Una última bandera naranja en el suelo, con un lazo que reza “stop Ley Celaá”. Manifestarse es un derecho, pero recoger los residuos plásticos es un deber ciudadano. Este fin de semana, las principales calles de España se llenaron de coches con dichas banderas asomando por las ventanas, acompañadas de la rojigualda, al grito de “libertad” y “son nuestros hijos” para protestar contra la última ley de educación.

La nueva propuesta educativa, liderada por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, fue aprobada en Congreso de los Diputados el pasado 19 de noviembre tras enfrentarse a enmiendas a la totalidad de Vox, PP y Ciudadanos. Pablo Casado calificaba la LOMLOE de “mala para la unidad nacional” y la plataforma Más Plurales, formada por organizaciones de escuela concertada, familias y escuelas católicas, y patronales de instituciones privadas entre otros, lleva desde su publicación poniendo el grito en el cielo por las medidas de la norma. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto?

“Cesión del castellano ante las lenguas cooficiales”

Falso. Se presenta una modificación del artículo con respecto a la LOMCE, también conocida como Ley Wert, en la que se introdujo por primera vez el término “lengua vehicular” en referencia al castellano. En la nueva ley, se les da a las lenguas cooficiales el mismo carácter, pero sin eliminar la naturaleza vehicular del castellano. No solo eso, sino que recoge la necesidad de acreditar el dominio de ambas lenguas (castellana y cooficial en el caso de residir en una comunidad donde existan ambas) al terminar la educación básica. Además, la Constitución dicta en el Artículo 3 del Título Preliminar que el castellano es la lengua oficial del Estado, por lo tanto, su estudio y uso está garantizado en centros educativos.

“El Estado elimina la libertad de los padres para elegir centro”

Tampoco es cierto. La LOMLOE busca garantizar que se cumpla el derecho a la educación, sin discriminación por motivos de renta, especificando que: “se establece que la programación de la red de centros debe asegurar la existencia de plazas públicas en todas las áreas o zonas de escolarización o de influencia que se establezcan, una vez considerada la oferta existente de centros públicos y privados concertados”. Uno de los puntos más calientes de esta polémica está relacionado con la admisión de alumnos, ya que la nueva ley también regula que los centros de administración privada no puedan segregar a la hora de elegir los estudiantes que cursen en sus centros: “En dicha regulación se dispondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza.”

¿Cómo se traduce esto? En los centros concertados, la financiación es pública pero la administración es privada; sin embargo, los padres aportan una cuota “voluntaria” mensual que, lógicamente, repercute en el sistema de admisiones. A más capacidad económica de la familia, más probable es que admitan a ese estudiante. Desde la LOE, impulsada por Zapatero, se prohibió hacer pagos mensuales impuestos, por lo tanto, los colegios concertados lo transformaron en un cobro “voluntario”, aunque se seguía pasando recibo de forma prácticamente obligatoria. La Ley Celaá prohíbe cualquier tipo de financiación privada en estos casos, ya que los centros ya reciben ingresos suficientes para mantener la actividad por vía pública. En definitiva, se promueve la educación pública (también prohibiendo la cesión de suelo público para construcción de centros concertados y privados) pero no se elimina la posibilidad que se cursen estudios en centros concertados.

“Pretenden cerrar los centros de educación especial”

No solo es mentira, sino que lo pretendido por la LOMLOE es diametralmente opuesto. La ley lo dice claramente: “El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.” (Disposición adicional cuarta). Básicamente, se busca la integración de la educación especial en cualquier centro, para dar posibilidades a niños con requerimientos distintos, pero sin capacidad económica para costearse un centro privado, además sin que esto signifique la retirada de apoyo a estos últimos.

“Se va a pasar de curso con asignaturas suspensas”

Un poco ambiguo. Sí existirá la posibilidad de pasar de curso con asignaturas suspensas, pero no obtener el título, y no es algo recogido por la ley Celaá, si no por el Real Decreto-ley 31/2020, aprobado el 29 de septiembre. Se publicó por la situación de pandemia y especifica que se trata de una medida temporal y de carácter excepcional. La norma debe ser interpretada por el equipo docente de cada centro, quien tendrá la última palabra sobre cada alumno.

Lo que sí contempla la LOMLOE es la posibilidad de que se produzca una promoción de curso con un máximo de dos asignaturas suspensas, y se pueda obtener el título de bachillerato con una no superada, siempre que el profesorado estime que el alumno “ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes”. Esto simplemente regula una práctica que ya era habitual desde hace años y que incluso en ocasiones superaba esos parámetros.

“Imposición de un modelo laico y se elimina religión”

No hay ninguna caza de brujas a la inversa. Ni se busca quemar iglesias, ni colegios católicos. De hecho, los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 (conocidos como concordato) siguen vigentes e implantan la religión católica como preponderante en todos los ámbitos, incluida la educación. Por lo tanto, la asignatura de religión católica es de oferta obligatoria en todos los centros españoles y los alumnos eligen si cursarla o no. Lo único que modifica la LOMLOE es que no será una asignatura evaluable y por lo tanto, no contará para la nota de acceso a la universidad, o para la consecución o adjudicación de becas. De la misma manera, al no ser una asignatura calificada, no es obligatorio que los centros ofrezcan una opción alternativa a la religión para aquellos que no desean cursarla.

“Imposición de asignaturas como instrumentos de adoctrinamiento”

Se refieren a asignaturas como Educación en Valores Cívicos y Éticos, que se cursará en primaria y secundaria. La nueva norma explica que “se prestará especial atención al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a los recogidos en la Constitución española, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la igualdad de mujeres y hombres y al valor del respeto a la diversidad, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia. » (LOMLOE, pág. 7). De nuevo, esta ley busca ser inclusiva y educar en igualdad, planteando que “en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, opinión, discapacidad, edad, enfermedad, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” ¿Se puede calificar esto de adoctrinamiento? En realidad, la Declaración Universal de Derechos Humanos explicita que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (Art. 2). Siendo una declaración de Derechos Humanos Universal, que no tiene color político ¿es adoctrinamiento?

Dentro de este marco de búsqueda de igualdad en las aulas, la Ley Celaá pretende también evitar la segregación por sexos en los centros, disponiendo las medidas necesarias desde la Administración para que escuelas privadas y concertadas no puedan dividir a su alumnado entre niños y niñas.