Ayuso no cerrará Madrid perimetralmente durante las fiestas
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha descartado este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid un confinamiento perimetral de la región durante la Navidad. Ayuso ha avanzado que no va a impedir que los ciudadanos «entren o salgan» de la comunidad para visitar a sus familiares ni tampoco cerrará los comercios y la hostelería.
La tendencia descendente de los casos de coronavirus en la comunidad se ha invertido durante el puente de la Constitución y se ha registrado un considerable aumento en la incidencia acumulada, que sube casi 50 puntos. El jueves 10 de diciembre, la tasa de incidencia acumulada se situaba en 195,86. En el último informe la incidencia ha crecido hasta los 248,40 casos por cada 100.000 habitantes, situándose por encima de la media nacional, que vuelve a superar los 200 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.
Las restricciones a la movilidad por localizaciones concretas se anunciarán mañana viernes y entrarán en vigor la madrugada del domingo al lunes y afectarán a las Zonas Básicas de Salud en las que la incidencia acumulada supere los 400 casos por 100.000 habitantes
La decisión de Ayuso de no cerrar Madrid choca con las palabras de su vicepresidente hace tan solo unos días. Ignacio Aguado se mostraba preocupado ante la situación y advertía que, de continuar la tendencia ascedente de casos en Madrid, se tomarían medidas más restrictivas de cara a Navidad, como adelantar el toque de queda o rebajar el número permitido de personas en reuniones sociales.
Precisamente, ante este repunte generalizado de los contagios en toda España se ha desencadenado una ola de restricciones de última hora. El Ministerio de Sanidad ha cambiado el plan que aprobó el 2 de diciembre, y ya no será obligatorio para las comunidades permitir cenas de 10 personas máximo y toque de queda a 1:30 en los días señalados de Navidad, ni abrirse perimetralmente a visitas de familiares y allegados entre el 23 de diciembre y el 6 de enero. Todo queda ahora en manos de las comunidades autónomas.
