El primer paso es denunciar
La justicia pone a disposición de los ciudadanos todo su operativo de actuación.
“La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a quince años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de su sobrina política en reiteradas ocasiones. Los hechos ocurrieron entre 1992 y 1996, cuando la niña tenía entre ocho y doce años de edad”. Es tan solo uno de los numerosos casos de abuso sexual a menores que se han procesado en la Comunidad Canaria. Con el crecimiento de las denuncias de este tipo se están llevando a cabo programas de prevención y concienciación. El Frente Cívico contra la Pederastia, por ejemplo, es un recurso de reciente creación en la isla de Tenerife que persigue educar sobre la problemática que representan los casos de este tipo.
El Catedrático en Psicología Clínica de la ULL, Juan Capafons Bonet, establece la siguiente estadística sobre los casos de pederastia en Canarias: “Se sospecha que el 20% de la población infantil es víctima de abusos sexuales, algo más elevado en niñas y algo menor en niños. O sea, uno de cada cinco”, como aseguró en una entrevista concedida a Diario de Avisos en mayo de 2012.
Una vez se denuncian los hechos, tanto la víctima como el acusado deben enfrentarse a un proceso judicial a fin de esclarecer los hechos. Es ahí donde entra la Psicología Forense, una rama de la psicología enmarcada dentro de la Psicología Jurídica que, utilizando metodología psicológica y lenguaje legal, asesora, orienta e informa a los órganos judiciales, tanto en el ámbito penal como en el civil. María de los Ángeles Marichal, licenciada en Psicología por la Universidad de La Laguna, explica las funciones de un psicólogo forense en cuanto al Derecho Penal, que serían la valoración de la capacidad cognitiva y volitiva de obrar del acusado, peligrosidad criminal, credibilidad del testimonio y daño psicológico, entre otros. No obstante, la labor de un psicólogo forense se extiende también a la víctima quien, en según qué casos, debe someterse al peritaje de estos profesionales por requerimiento del juez pertinente.
Aportación legal de la Psicología Forense
El psicólogo forense como perito es un técnico que aporta una prueba. El informe pericial tiene, en principio, el valor de diligencia sumarial de carácter personal. Se trata de una técnica que el juez puede usar o reusar en función de determinados criterios. No obstante, el informe pericial también puede tener valor de prueba. Así nos lo ha aclarado María de los Ángeles Marichal. Añade, además, la importancia que tiene la formación en el desempeño de las funciones de un psicólogo forense. Ella, como profesional cualificado en el campo, opina que para acceder a los servicios auxiliares de justicia se debe tener una formación especializada en el ámbito. Lo considera de vital importancia ya que su labor está íntimamente ligada a cuestiones legales y se trata con personas víctimas de delitos o con sujetos agresores. “Por desgracia en España es aún un reto por conseguir. En Argentina ya es así, es decir, para ser auxiliar de justicia debes tener la especialización”, comenta.
¿Cómo actúa la ley?
Denunciar suele ser la parte más difícil, teniendo en cuenta el secretismo que conlleva este acto criminal. A un tiempo, es factor clave para la ley conocer en la mayor brevedad posible los hechos, para así poder actuar a tiempo. Según el artículo 131 del Código Penal, los delitos prescriben a los 20 años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 o más años. Esto quiere decir que, si el período de tiempo que tarda la víctima en denunciar es en cinco años superior a la pena que podría percibir el acusado por sus delitos, estos prescribirán. Desde el Servicio de Atención a la Mujer, adscrito a la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife, se recomienda encarecidamente poner en conocimiento de las autoridades este tipo de casos. La Policía Nacional confirma que la vía más adecuada es acercarse a la comisaría más próxima para declarar, al margen del cuerpo de seguridad del que se trate. Allí siempre intentan tomar la denuncia de la forma más discreta posible, para preservar la intimidad de las víctimas, así como para proteger su integridad. Aunque cualquier persona puede denunciar abusos a terceros, para este tipo de casos que tienen un carácter semiprivado, es necesaria la denuncia de la víctima si se quiere abrir la investigación del caso. La prima de cualquier miembro de los cuerpos de seguridad del Estado es garantizar los derechos de las personas. Se insta a las víctimas a colaborar con la policía para evitar que un sujeto agresor pueda reincidir o tomar un mayor número de víctimas. Cualquier persona que se acerque a las Oficinas de Denuncia, situadas en casi todas las comisarías, recibirán información acerca de sus derechos y opciones y, en los casos que así lo requieran, protección inmediata.
